Política/Sociedad

Todas al Sol, todas al Congreso

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Martina Gómez, ante la carpa de Velaluz en la Puerta del Sol de Madrid, el 13 de febrero, cuarto día de su huelga de hambre (A. B.)

Al atarceder del martes 21 de febrero una ambulancia está parada junto al caballo de Carlos III en la Puerta del Sol de Madrid. “Se llevan a una compañera, tengo que avisar a los familiares”, dice ocupada con su móvil la presidenta de la asociación Velaluz, Gloria Vázquez Portas, bajo la carpa de plástico azul y negra que instalaron el día 9 en el corazón de la capital. Desde esa fecha, un grupo de ocho mujeres se declaran en huelga de hambre acampadas al pie de la estatua. Reclaman la atención de los representantes políticos, en concreto, quieren que se las escuche en el Parlamento, donde este mes se han iniciado las comparecencias ante la Subcomisión creada en la Cámara baja para el Pacto de Estado en materia de violencia de género.

Por ello han redactado una petición con 25 puntos, principalmente encaminados a lograr una mayor protección de las mujeres, para la que recogen firmas de apoyo en change.org y de las personas que se acercan a su tienda en la plaza, la misma en la que comenzó hace unos años la oleada de los indignados en España. Puntualmente han conseguido atraer concentraciones de miles de personas en solidaridad con su causa – “TodasAlSol” es la consigna en redes sociales– alrededor del símbolo de la paz que han compuesto sobre el pavimento con carteles, velas y cientos de zapatos femeninos teñidos de rojo como homenaje a las mujeres asesinadas.

Reguero de crímenes

Desde esta carpa al Congreso hay que recorrer 600 metros, apenas un paseo que se hace andando. Sin embargo, las distancias políticas entre una acción de calle como ésta y la labor legislativa de la alta institución no son mensurables como los metros de la Carrera de San Jerónimo, si bien ambas cosas suceden al tiempo que el inicio del año 2017 va dejando un reguero brutal de crímenes machistas. En apenas dos meses al menos 16 mujeres han sido asesinadas en España por hombres que eran o habían sido sus parejas, una violencia que además ha dejado un bebé muerto y a cinco menores huérfanos. Estadísticamente es el peor comienzo de año en número de feminicidios desde que, en 2003, se inició la cuantificación de las víctimas mortales por violencia de género.

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Gloria Vázquez, presidenta de la asociación Velaluz, en la carpa de Sol, el 13 de febrero (A. B.)

Las mujeres acampadas en Sol, Gloria Vázquez, Susana Bejarano, Martina Gómez y otras compañeras de Velaluz –”Asociación gallega para la defensa de mujeres y niñ@s supervivientes de la Violencia de Género y/o abusos”, según su web– han definido su acción como una campaña de sensibilización contra la violencia machista “a coste cero” para el Gobierno. Algunas de ellas son supervivientes de agresiones reales, o son familiares cercanas de quienes no viven para contarlo. Así es la historia de Martina Gómez, una mujer que se ha hecho cargo de los hijos de su hermana Ana, asesinada por su pareja con una escopeta de caza hace un año en Becerreá (Lugo). “A mi hermana le dispararon por la espalda, delante de sus hijos, que también fueron heridos”, relata Martina mientras el azul casi transparente de sus ojos tiembla al humedecerse. En más de una ocasión Martina ha explicado públicamente cómo Ana pidió ayuda de profesionales y acudió a la Casa da Muller tras haber sido encañonada previamente. Ahora Martina Gómez soporta voluntariamente el hambre y el frío para conseguir que las instituciones protejan con eficacia a las mujeres y a sus hijos de tragedias como la de su familia.

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El círculo de la paz compuesto con carteles, velas y zapatos teñidos de rojo, ante la acampada de las mujeres de Velaluz (A. B.)

Semanas en huelga de hambre

¿Cuánto aguantarán? “Lo que haga falta”, contestan. Las de Velaluz ya hicieron una huelga de hambre aquí en el centro de Madrid en noviembre de 2015 por más de una semana, para luchar por la protección de los menores en casos de maltrato. Entonces hicieron campaña contra la aplicación del llamado SAP (“Síndrome de Alienación Parental”), un supuesto desorden psíquico que no ha sido reconocido científicamente y que, por tanto, los jueces no deberían tener en consideración en los expedientes. Por causa de esto muchos menores son obligados a permanecer contra su voluntad con padres violentos porque se considera que las madres “les manipulan” en contra de ellos. En este comienzo de 2017, aún la asociación incluye entre sus peticiones a los representantes políticos la anulación y sanción a una práctica que ha destrozado “vidas de madres e infancias”, escriben.

Trabajos en el Congreso

Las mujeres de Velaluz piden una y otra vez comparecer en el Congreso para hacerse oír no solo en la plaza sino también en el Parlamento nacional. Al otro lado de la puerta de los leones, las sesiones institucionales son de naturaleza distinta a la acción en la calle con la que comparten el objetivo de proteger seres humanos. “No es verdad que no estén representadas las víctimas, se va a escuchar a quienes trabajan con ellas, asociaciones, algunas de ellas llevan trabajando desde los años 80. Lo que es útil para la política no es tanto un relato personal u otro sino una suma de casos para encontrar las pautas que se repiten˝, explica contundente al teléfono la diputada socialista y vocal en la Subcomisión del Congreso para un Pacto de Estado en materia de Violencia de Género, Ángeles Álvarez Álvarez.

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Ángeles Álvarez (primera por la derecha), en la manifestación del Tren de la Libertad, en febrero de 2014 (Wikimedia Commons).

Ella es una de las representantes políticas y activistas feministas españolas más reconocidas en materia de igualdad, con más de 20 años a la espalda en la lucha contra la violencia de género. “Así es como vemos problemas que son frecuentes, como la aplicación del artículo 416 (de la Ley de Enjuiciamiento Criminal), la dispensa a declarar contra el cónyuge” (lo que en muchos casos supone un problema de falta de prueba y la consiguiente imposiblidad de condenar). El testimonio es fundamental, pero en una Subcomisión del Congreso necesitamos “expertizaje” (de expertise, habilidad o conocimiento de un experto) “y con ese criterio se diseñan las comparecencias. Hablamos de asociaciones como Centro de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales o Mujeres Juristas Themis, que trabajan profesionalmente con centenares de casos. Necesitamos ese conocimiento experto para que el caso particular adquiera valor de relato político”.

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Minuto de silencio de la Subcomisión del Congreso por las víctimas de la violencia de género. 23 de febrero de 2017. Ángeles Álvarez es la tercera por la izquierda (Congreso de los Diputados).

Con todo, es probable que algunas de las aspiraciones de las socias de Velaluz coincidan con los argumentos que se expondrán ante las diputadas y diputados. “Necesitamos que funcionen mejor los sistemas de valoración de riesgo. Hay un sistema que se llama VioGén (Sistema de seguimiento integral en los casos de violencia de género del Ministerio del Interior), si hay una valoración adecuada del riesgo, se ponen los dispositivos policiales para la protección de las mujeres, en los casos más graves se asigna un policía veinticuatro horas. ¿Dónde está el problema? En que en los últimos años hay menos dispositivos policiales y han bajado las valoraciones, sobre todo aquelllas que obligan a que el ministerio del interior ponga seguridad a las víctimas”, explica Ángeles Álvarez. “Tampoco los jueces están utilizando en muchos casos el sistema de brazaletes, que nosotros pusimos en marcha. Hay unos 3.000 dispositivos de estos”, añade.

El PP, entre anuncios y ausencias

Mientras la Subcomisión del Congreso se ocupa – desde el 15 de febrero– de escuchar a los 60 comparencientes de la lista aprobada por todos los grupos políticos, para en el plazo de cuatro meses elaborar un informe que la Cámara remitirá al Gobierno, el Ejecutivo del PP por su parte anuncia nuevas medidas ante la acumulación de víctimas mortales, reiterando su voluntad de lograr el Pacto de Estado que constituyó uno de los compromisos del presidente en la sesión de investidura. Por un lado, la creación de un órgano permanente de valoración y prevención que analizará semanalmente la situación, y por otro, la creación de una comisión interministerial con la misma finalidad.

Justo después de que el portavoz del Gobierno Íñigo Méndez de Vigo explicara estas novedades tras el Consejo de Ministros del viernes 24 de febrero, se reunían esa tarde en el Congreso integrantes de más de 200 organizaciones feministas con varias diputadas de la Subcomisión, entre ellas la misma Ángeles Álvarez del PSOE, Ángela Rodríguez de En Marea y Marta Sorlí, de Compromís. Pese a las palabras de compromiso con la causa del portavoz gubernamental, los representantes del PP y de Ciudadanos se ausentaron de esa multitudinaria reunión. Se trata de unas Jornadas organizadas por la Plataforma 7N, la mayor agrupación de organizaciones de mujeres de España, bajo el título “Compromisos políticos e institucionales contra la violencia hacia las mujeres”.

Debate con las asociaciones feministas

Los objetivos eran sensibilizar sobre la necesidad del Pacto de Estado y poder debatir con las representantes políticas. El programa se organizó en cuatro bloques de propuestas, desde la financiación, el cumplimiento de España de los compromisos firmados en el Convenio de Estambul y las recomendaciones de la ONU – a través del Comité de la CEDAW, que supervisa la aplicación de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, y su Protocolo Facultativo que permite a particulares elevar denuncias ante el mismo–, la educación, formación y medios de comunicación y finalmente propuestas sobre Justicia y custodia compartida. “Un  ejemplo lo tiene en el caso de Ángeles González Carreño, gracias a ello se ha podido llevar ante Naciones Unidas”, recuerda Ángeles Álvarez acerca de la denuncia de una mujer víctima de violencia de género cuya hija de 7 años fue asesinada en 2003 por su padre durante una visita no vigilada. El Comité de la ONU dictaminó contra el Gobierno español por este caso, al entender que falló en la protección de esta mujer y de su hija.

Herramientas jurídicas

El Convenio de Estambul es el tratado del Consejo de Europa (la principal organización europea de derechos humanos, con 47 Estados miembros) sobre prevención y lucha frente a la violencia contra la mujer, suscrito por España en 2014. Es importante por ser un instrumento jurídico internacional de carácter vinculante. En él se reconoce la violencia contra la mujer como una violación de los Derechos Humanos y considera a los Estados responsables si no responden de manera adecuada. Sus fundamentos son prevenir, sensibilizar a toda la sociedad –especialmente hombres y niños–, y destacar la importancia de la investigación en ciencias sociales de esta lacra. Contempla como delito toda conducta violenta contra la mujer por razón de su género. No se trata por tanto solo de referirse a “violencia de género” como agresiones en el ámbito de las relaciones de pareja, sino de incluir violencia sexual y violación, víctimas de trata, mutilaciones genitales, abusos a menores, aborto o esterilizaciones forzosas o cualquier clase de acoso, incluso en redes sociales, el famoso “sexting”.

A este respecto, la socialista Ángeles Álvarez defiende tajante la postura de su partido frente a otros grupos: “El Convenio de Estambul habla de la trata, otra cuestión es que el grupo socialista defienda, ya en su programa, la necesidad de una ley integral específica contra la trata y la prostitución de mujeres. Y eso es algo en lo que no coinciden plenamente otros partidos que se definen de izquierdas, pero en nuestra opinión, no se puede ser de izquierdas y no estar en contra de la prostitución como explotación de las mujeres. Sí, hay una contraofensiva conservadora en el momento actual, es un momento de reacción a la igualdad. Lo vemos también porque incluso un sector que se llama de izquierda está confundido en estos conceptos, confundido y confundiendo. Lo cual es grave, porque han adquirido puestos de responsabilidad˝.

“También lo vemos en el debate que se ha abierto sobre los vientres de alquiler”, continúa la diputada. “Yo misma, si quisiera poner un ejemplo, si tengo más de cincuenta años y me hubiera gustado ser madre, ¿puedo anteponer mis deseos a mi responsabilidad como ciudadana? Por mucho deseo que tenga de ser madre, no puedo aprovecharme de la situación de otra persona. Si seguimos así… las chicas tenemos que ponernos las pilas frente a estos mensajes.”

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Homenaje a las asesinadas. Puerta del Sol de Madrid, febrero de 2017 (A. B.)

Voces de alerta

Desde la puerta del Sol la gallega Gloria Vázquez no oculta su decepción con los responsables políticos, también los de la “nueva izquierda”, en materia de igualdad. Muestra de ello es que la asociación ha hecho públicas las grabaciones de unas entrevistas a trabajadoras de la casa de acogida de A Coruña, ayuntamiento regido por En Marea. Velaluz habla de un “régimen carcelario” donde se minusvalora a las mujeres, incluso ante sus hijos, lo que va en contra del deseable proceso de recuperación psíquica de estas personas. Gloria Vázquez sostiene que desde la llegada del nuevo equipo municipal no sólo no hay mejoras sino que ha habido un retroceso en la atención a las víctimas, mientras que los representantes muncipales –Rocío Fraga es la concejala de Igualdad– hablan de acusaciones falsas. Al margen del caso coruñés, Ángeles Álvarez conoce cómo funcionan “varias casas de acogida y no, no se puede hablar de un régimen carcelario. Pero no son pisos abiertos, son espacios de seguridad, por eso hay horarios o rutinas que cumplir. Puede haber casos puntuales de trato inadecuado, denúnciese. Conozco los Centros Integrales de Recuperación en Andalucía o en Asturias y están funcionando bien. Yo creo que estos centros deberían ser dirigidos por instituciones pùblicas. Tengo dudas de que quienes propugnan modelos sociales como los de las instituciones religiosas sean las entidades más adecuadas para esta tarea”.

Por su parte, los informes de la ONU (Comité CEDAW, la Plataforma CEDAW-Sombra informa y enlaza los documentos en español), con observaciones y recomendaciones al Estado español en esta materia son muy explícitos sobre los retrocesos que observan en nuestro país en los últimos años con gobiernos conservadores. Textualmente, “El Comité observa con preocupación que la crisis financiera y económica y las medidas de austeridad adoptadas (…) han tenido efectos negativos en todas las esferas de la vida de las mujeres”. El informe recoge, entre otros puntos, la preocupación por que “no se hayan adoptado medidas para eliminar los estereotipos en el sistema educativo” e incluso exhorta a España a la revisión de los libros de texto y los planes de estudio escolares. En relación a la violencia, se muestra “especialmente preocupado” por el número de niños asesinados por sus padres en el ejercicio de sus derechos de visita”, o por “la limitada disponiblidad de las casas de acogida”. También, “la falta de legislación integral contra la trata que incorpore una perspectiva de género”, y reclama a España buscar alternativas de ingresos “para las mujeres que deseen abandonar la prostitución” y adoptar “medidas para reducir la demanda”. Mucho por hacer, por tanto, a la luz de estos documentos de Naciones Unidas.

Reforzar y prevenir

Hay muchas reformas que se están estudiando, más de 100, para reforzar legislativamente la situación”, aclara Ángeles Álvarez. “Por citar un aspecto, en cuanto al régimen de visitas a los hijos. O revisar un código civil que autoriza a los violentos a denunciar que sus hijos reciban terapia, lo que tiene que ver con la patria potestad.”

En cuanto a la necesidad que está demostrando la sociedad española de prevención de la violencia contra las mujeres, la diputada socialista añade que “no abarca solo la educación, implica políticas de salud y es muy importante también la responsabilidad de los medios de comunicación. Cambiar el modelo sexista es muy complejo, pero si el sexismo se transmite de generación en generación, también puede prevenirse, ya que es un aprendizaje. Podemos hablar desde cuestiones básicas como el reparto de tareas en casa, a la formación de los adolescentes. Yo hablo con ellos, tenemos adolescentes varones que van de putas…”

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Martina Gómez en la Puerta del Sol (A. B.)

“20.30: Iremos andando a la Puerta de Sol a apoyar a las mujeres de Velaluz acampadas contra las violencias machistas”. Era el último punto de las jornadas que organizaron las feministas en la sede de la soberanía popular. De allì al ombligo capitalino de las manifestaciones callejeras no hay más que 600 metros para regresar de lo general a lo particular, de la ley y la política al dolor con nombre y apellido. A esa hora ya es de noche en este mes de febrero y las velas del círculo rojo de las acampadas de Velaluz estarán encendidas, tal vez reflejando una llamita en la ventana azul de los ojos de Martina Gómez, la mujer de negro que no descansa en paz desde el asesinato de su hermana.

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